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SENTENCIA EMITIDA EN EL EXPEDIENTE N° 00047-2013-59-1401-JR-PE-04 – SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA (29/01/2013).
 
La demostración de arraigo no impide que se dicte prisión preventiva
 

(…) las medidas de coerción en el Código Procesal Penal, se someten a dos presupuestos fundamentales el fummus bonis iuris, que se refiere a la verosimilitud de haberse cometido un delito mediante indicios manifestados objetivamente; y, el periculum in mora, que se refiere al peligro que se puede producir con el paso ineludible del tiempo.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Colegiado cree pertinente mencionar, que la existencia de fundados y graves elementos de convicción –juicio de imputación judicial– para estimar un alto grado de probabilidad de que los imputados puedan ser autores o partícipes del delito que es objeto del proceso penal (artículo 268°, apartado 1, literal a), del Código Procesal Penal: fumus delicti comissi), está referido a la presencia de datos y/o graves y suficientes indicios procedimentales lícitos –del material instructorio en su conjunto–, de que los imputados están involucrados en los hechos. Así, tal como lo hizo conocer el representante del Ministerio Público, y como lo ha indicado la A quo, obra del cuaderno de prisión preventiva, datos o elementos graves, que vinculan a los investigados como autores del ilícito denunciado, tales como: la declaración de la agraviada, quien da cuenta como se producen los hechos; la declaración testimonial de Oscar, testigo que narra de forma pormenorizada como tomó conocimiento del hurto, versión proporcionada por parte de un vecino; acta de intervención policial realizada por el policía, quien da cuenta como se produjo la intervención policial de los investigados cuando se daban a la fuga; el acta de recepción del autoradio marca Kenwood, con lo que se acredita la recuperación del artefacto sustraído; la declaración de los investigados, y la declaración jurada con firma legalizada, mediante la cual la agraviada acredita la propiedad y preexistencia del bien sustraído.

Teniendo en cuenta lo antes señalado, resulta evidente que obran fundados y graves elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos materia de investigación, toda vez que en el vehículo intervenido se encontró el bien de propiedad de la agraviada, del cual no han dado cuenta ninguno de los investigados, limitándose a efectuar una defensa negativa y contradictoria.

Respecto al elemento prognosis de pena, sólo fue cuestionado por la defensa técnica de José; sobre el particular conforme fue evaluado por el A quo, el Colegiado señala, que la prognosis resulta primero de la evaluación de las normas del derecho penal positivo en que se subsumen los hechos imputados; así, en el presente caso criminal referido al delito de hurto agravado, la pena conminada es una no menor de cuatro ni mayor de ocho años de pena privativa de la libertad. Luego, a efecto de establecer el pronóstico que permita identificar un nivel razonable de probabilidad de que la pena a imponer podría ser inferior a cuatro años de privación de libertad, el Colegiado estima que conforme obra de la investigación, a los investigados no le asistiría circunstancia atenuante alguna, por lo que la prognosis les es desfavorable.

En cuanto al peligro procesal, la defensa técnica de Siguas ha señalado que no concurre, toda vez que no se ha valorado que tiene arraigo familiar, personal, económico y moral, por lo que presentó documentos de fojas ochenta y cinco, ciento veintiuno a ciento treinta y uno; al respecto el Colegiado evalúa que éste habría acreditado válidamente el arraigo familiar, más no así el arraigo domiciliario y laboral, toda vez que los documentos que presenta no se encuentran expedidos por persona autorizada. Por su parte la defensa técnica de Vergaray, ha referido que su patrocinado cuenta con arraigo domiciliario y laboral; al respecto obra documento de fojas ochenta y siete, documento simple que no acredita válidamente el desarrollo de actividad alguna; apareciendo que el certificado domiciliario aparecería medianamente acreditado con la constatación policial.

Sobre el particular el Colegiado, tiene presente, que si bien los impugnantes habrían acreditado algún tipo de arraigo con los documentos alcanzados, tales circunstancias resultan ser insuficientes para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentre asegurado (Cfr. la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ), pues téngase presente que la prisión preventiva es una medida coercitiva personal que tiene fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal, sujetando la presencia del imputado en el procedimiento y garantizando una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la persecución penal, así como también la ejecución de la pena si fuera el caso.

En el caso que nos ocupa, es válido aplicar lo anteriormente afirmado, es decir que se justifica el dictado de la prisión preventiva aún cuando los imputados han demostrado algún tipo de arraigo, pues el proceso se halla en fase inicial y dado el tipo de delito y la mediana gravedad de la pena, por lo que el peligro de fuga persistiría.

Para leer la sentencia completa ingresar al siguiente enlace:
http://saladeapelacionesica.blogspot.com/2013/02/nula-sentencia-de-vista.html


 


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Publicado: 15 de Febrero del 2013 Enviar a un Amigo Comentarios (0)

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