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EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD FRENTE A LA LIMITACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL.
 
Espitz Pelayo Beteta Amancio - Estudiante de derecho de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Huánuco
 


30 de Mayo (Alerta Informativa).- INTRODUCCIÓN:
El tema abordado puede parecer una tautología, además de resultar muy elástico y abarcativo. No obstante tal apariencia, posee un riquísimo arsenal de cuestiones que, [para decirlo muy abreviadamente], coinciden a explicar el nexo que relaciona la limitación de los derechos fundamentales, [algo casi inevitable en el proceso penal], con el principio de proporcionalidad.

Por lo tanto, habría que partir refiriéndonos al escenario donde entra a tallar el principio de proporcionalidad, [para efectos de éste trabajo], diremos que es, dentro del proceso penal, sin perjuicio de no reconocer que la aplicación de dicho principio resulta también  configurable a otros aspectos del Derecho Penal. En ese sentido, será en el proceso penal, donde [generalmente] resultase inevitable admitir que hay que poner ciertos límites a los Derechos Fundamentales con la finalidad de asegurar los fines del proceso, siempre teniendo como regla la inocencia del investigado, imputado o, en su caso, acusado.

No es raro entonces, que la limitación de los Derechos fundamentales quede condicionada al proceso penal, puesto que, resulta casi una utopía no hacerlo, considerando la magnitud de los temas de los cuales se ocupa. Violento son los temas de los que se encarga el Derecho Penal, por lo tanto, violenta es la reacción del Estado [instaurando un Proceso Penal], ante estas situaciones, motivo por el cual, es violenta la respuesta que da el Estado. Por lo general, estas limitaciones a los derechos fundamentales se suele manifestar en una detención preliminar, prisión preventiva, intervención de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, etcétera.      

A esta altura es absolutamente cierto que las reglas para limitar derechos fundamentales dentro del proceso penal están claramente establecidas en el código adjetivo, no obstante a ello, si partimos de un criterio finalista de las medidas que pretenden limitar los derechos fundamentales, esto es, partiendo de las estructuras lógico objetivas de la materia, vamos a observar que el único criterio que opera como principio para limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, es el principio de proporcionalidad.

Hemos de ir cerrando nuestras reflexiones, refiriendo que si bien la instauración del proceso penal, [por lo general limita el ejercicio de ciertos derechos fundamentales], tales limitaciones deben de aplicarse respetando las estructuras lógico-objetivas de la materia, esto es, ponderando entre la situación real que origina o constituye el punto de partida del surgimiento para la pretendida aplicación de una medida limitativa de derechos fundamentales y la necesidad y merecimiento que hay para lesionar un derecho fundamental. Esto es, hacer una ponderación que permita verificar cuando se limitan derechos fundamentales sin injerencia de arbitrariedades dentro del proceso penal.  

II. JUSTIFICACION
Es incuestionable que el límite a los derechos fundamentales dentro del proceso penal está condicionado a pautas establecidas en el código procesal penal, y que en consecuencia de ello, se garantiza a toda persona la prohibición de injerencias ilegales o arbitrarias que puedan vulnerar el libre ejercicio de esos derechos. No es lo mismo estar frente a Una injerencia ilegal y arbitraria en el proceso penal, toda las veces que, las injerencias ilegales, están referidas a las limitaciones hechas al margen de la ley procesal propiamente dicha, [aquí no hay problema para su identificación], pero las injerencias arbitrarias, devienen cuando pese de haberse efectuado atendiendo a un supuesto contemplado en la ley y de conformidad con el procedimiento regular que ella indica, resulta irrazonable o desproporcional, [he aquí la necesidad de desarrollar el principio de proporcionalidad como único criterio que permita establecer el fundamento que debe superar toda medida que pretenda operar en el proceso penal, en tanto limite a los derechos fundamentales].

Lo antes señalado, es relevante y reviste de gran importancia en la medida que se pretenda limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, porque plantea como presupuesto para su aplicación, el previo cumplimiento de una serie de pautas desarrolladas por el principio de proporcionalidad, [idoneidad, necesidad y ponderación] partiendo de las estructuras lógico- objetivas de la materia. Esto es, partir de cuestiones reales que pre-existen al proceso penal, pero que pese a ello, constituyen la base sobre el cual ha de operar la ponderación a través del citado principio. Además, resulta también incuestionable, que pese a que en muchos casos la limitación a los derechos fundamentales cumplen las exigencias requeridas en la ley, ello no hace que deje de ser irracional y desproporcional, por lo tanto, el no considerar seriamente al principio de proporcionalidad como fundamento ante la limitación a los derechos fundamentales seria desconocer a las personas el reconocimiento de tales derechos. Por ello resulta indispensable, [y humildemente en este artículo pretendo], desarrollar el principio de proporcionalidad dentro del proceso penal, como método real–valorativo, ante la pretensión que busca limitar el ejercicio a los derechos fundamentales. A través de un método sintético que parta de las estructuras lógico objetivas de la materia, para establecer cuando la limitación de los derechos fundamentales ha superado la barrera propuesta, esto es, las exigencias de idoneidad, necesidad y ponderación, y la limitación a los derechos fundamentales no devenga en un mero acto arbitrario.   

Por ello, me permito desarrollar cada uno de los puntos inicialmente introducidos al trabajo, a efectos de establecer con claridad la importancia de utilizar la proporcionalidad como método real-valorativo frente a la limitación a los derechos fundamentales dentro del proceso penal.

III. EL PROCESO PENAL.-
Nuestro proceso penal, considerado como único instrumento legitimo para establecer responsabilidad penal de una persona a través de una resolución judicial, no debe desarrollarse de cualquier modo, sino ordenadamente[1], esto es, que debe desarrollarse respetando ciertas exigencias de todo Estado respetuoso de los Derechos Humanos y de las garantías  y principios que forman parte del catálogo de derechos fundamentales.

Es en este sentido, y conforme lo ha señalado el profesor José Antonio Neyra Flores, “… nuestro código Procesal Penal ha diseñado una estructura de procedimiento penal en consonancia con las garantías y principios que exige un Estado de derecho y teniendo en cuenta que el proceso penal debe ser estructurado de tal manera que se provoque la menor lesión de los derechos fundamentales de las personas sujetas a la persecución penal, y que a lo largo del proceso deben encontrar amparados por principios de presunción de inocencia…”. Tal es así, que el profesor Christian Salas Beteta considera que la protección de los derechos fundamentales constituye una regla general en el nuevo proceso y que pueden ser restringidas solo bajo los supuestos legalmente establecidos, de modo que estas medidas son excepcionales en el proceso[2].

Es así que existe, en el desarrollo del proceso, diligencias de averiguación que comportan limitaciones de derechos fundamentales, que por tratarse de actos constitucionalmente garantizados – están definidos directamente por la Constitución y están sometidos a determinados principios. En tanto se trata de actos de autoridad destinados a garantizar el proceso de conocimiento y que importan una limitación a derechos catalogados de fundamentales[3]

Finalmente, el proceso penal concebido como escenario donde opera el “ius puniendi” del Estado, ha sido a su vez escenario de limitaciones a los Derechos Fundamentales, debido a que para conseguir los fines del proceso en muchas ocasiones se ha tenido que recurrir a la premisa de que “no todos los derechos y libertades son absolutas”, y que si bien cabe la posibilidad de limitar el ejercicio de ciertos Derechos, estas limitaciones deben obedecer a los criterios de idoneidad, necesidad y ponderación, de manera tal que la medida que pretende poner límites a ciertos Derechos se encuentre justificada y no devengan en meras arbitrariedades por el poder que ejerce el Estado al instaurar un proceso penal a un ser humano.

IV. DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCESO PENAL Y CONSTITUCIÓN.-
Uno de los elementos esenciales del Estado constitucional de Derecho es, indudablemente, el reconocimiento de la existencia de un conjunto de derechos básicos de los ciudadanos, a los que se suele denominar [Derechos Humanos] o [Derechos Fundamentales]. El elenco de estos derechos fundamentales se suele incorporar al rango normativo superior del ordenamiento jurídico, conformando la que tradicionalmente es denominada [parte dogmática] de la Constitución.[4]

Como es de conocimiento por parte de todos los estudiosos del derecho penal, referirnos al proceso penal y no tener que hacer referencia a la Constitución y a los derechos fundamentales resulta una utopía. Por ello, bien señala el profesor Cesar San Martin en su libro – Estudios de Derecho Procesal Penal – citando a Montero Aroca, “que la jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por los tribunales e integrada por los magistrados independientes, y que consiste en la facultad de realizar el Derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado”. Su actividad se concreta en cuatro ámbitos: a) En la protección de los derechos subjetivos, que, en el caso del Tribunal Constitucional, se circunscribe a la tutela de los derechos fundamentales; b) en el monopolio de la imposición de las penas, privativo de la jurisdicción ordinaria; c) en el control judicial normativo, que en el caso del Tribunal Constitucional descansa en el control constitucional de las normas con rango de Ley y en el caso de la jurisdicción ordinaria, se residencia en el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de actuación de la actuación administrativa; y d) en la complementación del ordenamiento jurídico, que en el caso del tribunal Constitucional es vinculante para los particulares y todos los poderes públicos, incluso al legislativo, que debe amoldarse a lo que establezca adecuando la legislación, y su doctrina abarca todo los sectores del Derecho[5].

En ese sentido, existe una “función complementadora” en virtud de la cual, el proceso penal se encuentra sometido al contenido de la Constitución, en el sentido de que debe respetar los Derechos y Garantías fundamentales que de ella derivan. Es así que, “la función complementdora” determina los límites al poder sancionador del Estado, establecidos tanto constitucionalmente como la normativa del Código Procesal Penal, en la imposición de medidas limitativas de derechos fundamentales necesarias para alcanzar los fines del proceso. Así, la adopción o aplicación de medidas que apunten a limitar derechos fundamentales durante el proceso penal, han de estar sujetas a condiciones sine qua non sería posible tolerar la limitación de éstos derechos, para lo cual es necesario desarrollar los presupuestos que contiene el principio de proporcionalidad como método real valorativo. En este entender, la limitación a un derecho fundamental, es el instrumento que utiliza la jurisdicción, apelando al riesgo, mediante una medida que recae en la esfera jurídica del imputado, esta medida que recae directamente sobre derechos de relevancia constitucional, por ello es fundamental la observancia de determinados presupuestos, y recurrir a la función complementadora que ofrece la Constitución para con mayor criterio y una debida justificación poder limitar los derechos fundamentales a cualquier persona dentro del proceso penal.[6]

El contenido de la Constitución debe servir de complemento a las pretensiones limitativas de derechos fundamentales dentro del proceso penal, a efectos de su aplicación sea justificada y no devenga en un acto arbitrario inconstitucional. En ese sentido la Constitución Peruana es bastante generosa en materia de garantías constitucionales y derechos fundamentales.

Enhorabuena la Constitución y el Derecho Internacional de Derechos Humanos, de aplicación en sede nacional a partir de la cuarta disposición Final de la Ley Fundamental (la STC N° 25-26-2005-PI/TC, del 19/08/2006 consagró que los tratados internacionales sobre derechos humanos no solo conforman nuestro ordenamiento sino, que, además, detentan rango constitucional, comprenden un conjuntos de preceptos de nivel supremo, lo suficientemente intensos y extensos que permiten alcanzar altos estándares de protección de los derechos y libertades públicas, así como juzgar la legislación derivada y la conducta de quienes integran los poderes públicos[7].

V.- LIMITES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO PENAL
La doctrina Constitucional Peruana destaca por un lado la protección a los derechos fundamentales contra las medidas limitativas de derechos dentro de un proceso, pero a su vez, también existe consenso en nuestra doctrina constitucional que tal nivel de protección no es absoluto o inelástico, pues debe tomarse en cuenta [en determinados casos] los intereses generales que también deben ser protegidos por el sistema jurídico. Uno de ellos, por cierto, es la prevención y represión de los delitos, que obviamente se trata de unos hechos que tiene trascendencia social[8]. No obstante lo anterior, y como hemos dicho, los Derechos Fundamentales no son absolutos ni ilimitados, sino que en verdad se encuentran sometidos a una serie de restricciones o limitaciones que provocan que su titular no pueda ejercer válidamente una determinada prerrogativa en ciertas circunstancias.

Al respecto, haciendo una interpretación extensiva de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SCIDH Tristan Donoso, del 27/01/2009), se puede advertir que, la protección a los derechos fundamentales no son absolutos, y, por lo tanto, pueden ser restringidos por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello deben estar previstas en la Ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una sociedad democrática.

En el proceso penal moderno, fruto de las grandes revoluciones liberales europeas, la Constitución adquiere un relevancia, no solo atendiendo a un criterio formal, según el cual nuestra Ley Fundamental ocupa en el ordenamiento una posición jerárquica de supremacía, sino también desde un punto de vista material, desde el que se observa que, en el proceso penal, los derechos en conflicto adquieren la naturaleza de fundamentales, ya que vienen integrados, de un lado el Derecho Penal, que ejercita la parte acusadora, a través del derecho a la tutela, y, de otro por el derecho a la libertad del imputado que hace valer la defensa[9].

En este sentido, ha quedado claro que el ejercicio de los derechos fundamentales, [esto es, capacidad para ejercer libremente los derechos reconocidos por la Constitución] está condicionado a la existencia de un proceso penal, al cual se somete a una persona que habría cometido un delito sancionado con una pena privativa de libertad, como consecuencia de haber lesionado o puesto en peligro bienes jurídicos que el Estado pretende salvaguardar para los fines de una adecuada convivencia social, toda vez que, dentro del proceso penal – por lo general - se debe recurrir, [necesariamente], a medidas que limitan el ejercicio de los derechos fundamentales para alcanzar los fines del proceso penal.

Es así que el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra restringido por determinadas exigencias propias de la vida en sociedad. Ello no se contrapone a la convicción de entender que el ser humano ha de ser el centro de toda comunidad organizada, sino, muy por el contrario, se vincula con un reforzamiento de las garantías de una existencia plena, pacífica y respetuosa por los derechos y la dignidad humana.

En virtud de lo anterior, queda de manifiesto que efectivamente deben existir restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales, limitaciones que deben ser definidas correctamente para su adecuada comprensión. Para tal efecto, entenderemos por "limitaciones a los derechos fundamentales", aquellas restricciones al ejercicio de un determinado derecho que forma parte del catálogo constitucional de derechos fundamentales, de manera tal, que toda pretensión de ejercicio del atributo respectivo que vulnere los límites impuestos por las mismas, se convierte por esencia en arbitraria y desproporcional, lo que puede derivar para el titular infractor, en las responsabilidades que para tal efecto, prevea el ordenamiento jurídico positivo.

VI.- EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
El profesor Cerezo con relación al principio de proporcionalidad refiere que en el proyecto de 1992 no se formula, en cambio, correctamente el principio de proporcionalidad, en el que se basa la justificación ética de las medidas de seguridad, según la opinión mayoritaria en la ciencia de derecho penal española y alamana. Según el apartado 2° del artículo 4: “Las medidas de seguridad no pueden resultar más gravosas que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor”, continua el profesor Cerezo, - refiriendo – “La referencia a la gravedad del delito cometido, en la formulación del principio de la proporcionalidad, solo puede tener el sentido de que se trate de un síntoma más a tener en cuenta para enjuiciar la peligrosidad del delincuente; un síntoma que puede ser confirmado o desvirtuado por otros”[10].

Tal es así que, la incidencia de los actos procesales, fundamentalmente a lo largo de la fase instructora, sobre los derechos fundamentales ocasiona que deba aplicarse la doctrina emanada por el TC sobre el principio de proporcionalidad, según la cual no es suficiente que el acto de investigación, lesivo de un derecho fundamental, haya emanado de una autoridad competente, sino que es también necesario, en primer lugar, que este previsto en la Ley, en segundo, que objetivamente se justifique y, en tercero, que la resolución judicial que ordena la limitación del derecho fundamental este minuciosamente motivada, de tal suerte que, en ella, se plasme el ineludible [juicio de necesidad] del que se desprenda el sacrificio del derecho fundamental, objeto de la medida[11].

El principio de proporcionalidad, que también es conocido como “proporcionalidad de injerencia”, “prohibición de exceso”, “principio de razonabilidad”, entre otras calificaciones, en realidad viene a ser un principio de naturaleza constitucional que permite medir, controlar y determinar que aquellas injerencias directas o indirectas, tanto de los poderes públicos como de los particulares, sobre el ámbito o esfera de los derechos de la persona humana, respondan a criterios de adecuación, coherencia, necesidad, equilibrio y beneficio entre el fin lícitamente perseguido y los bienes jurídicos potencialmente afectados o intervenidos, de modo que sean compatibles con las normas constitucionales. Se trata, por tanto, de una herramienta hermenéutica que permite determinar la constitucionalidad tanto de la intervención o restricción como de la no intervención de los poderes públicos sobre los derechos fundamentales[12].

Para Bernal Pulido, el principio de proporcionalidad “admite varias fundamentaciones complementarias, a saber: (i) la propia naturaleza de los principios de los derechos fundamentales; (ii) el principio del Estado de Derecho; (iii) el principio de justicia; (iv) el principio de interdicción de la arbitrariedad”.

En este sentido, el principio de proporcionalidad es el único criterio realmente determinante ante la pretendida intención que procura limitar el ejercicio de ciertos Derechos fundamentales [libertad corporal, inviolabilidad y secreto de las telecomunicaciones, etc.]. El principio de proporcionalidad, [entonces], responde a la idea de evitar una utilización arbitraria y desproporcional de las medidas que conllevan una limitación de los derechos fundamentales [para efectos del presente artículo, en el contexto procesal penal]. Por lo que el núcleo del principio de proporcionalidad consiste en una relación que se denomina “ley de la ponderación” y que se puede formular de la siguiente manera: “Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro”[13].

Para leer el texto completo ingresar al siguiente enlace:
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/

 


[1] José Antonio Neyra Flores – En Manual del Nuevo Proceso Penal & Litigación Oral – Edición 2010 – Pág. 267.

[2] Cfr. “Por nuestro lado consideramos que una medida que pretenda limitar el ejercicio de los derechos fundamentales, no únicamente debe ajustarse a los supuestos legalmente establecidos en la ley, sino que ésta, además debe ser razonable y proporcional, es decir la medida que pretende operar por sobre un derecho fundamental, además de lo señalado por el citado jurista, debe superar los presupuestos de idoneidad, necesidad y ponderación, a efectos de no devenir en arbitraria, irrazonable ni desproporcional”

[3] Cesar San Martin Castro – En Estudios de Derecho Procesal Penal – Edición 2012 – Pág. 314.

[4] Carlos Faustino Nataren Nandayapa – Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM – México – En “La Prueba, Reforma del Proceso Penal y Derechos Fundamentales” – Edición 2007 – Pág. 77.

[5] Cesar San Martin Castro – En Estudios de Derecho Procesal Penal – Edición 2012 – Pág. 42.

[6] Al respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 0731-2004-HC,16/04/04, S2,FJ.4 ha dicho en torno a la naturaleza de la medida cautelar: “En el caso de las disposiciones que restrinjan la libertad del imputado, como medida cautelar, existen dos intereses que deben ser cautelados por el Estado; esto es, a) la garantía de un proceso penal eficiente que permita la sujeción al proceso penal a quien se imputa un delito, y, b) la garantía de la protección de los derechos fundamentales del imputado. Estos aparentemente contrapuestos, deben logar un verdadero equilibrio a fin de no menoscabar la protección de uno frente a otro, siendo la regla general la libertad”.   

[7]   Cesar San Martin Castro – En Estudios de Derecho Procesal Penal – Edición 2012 – Pág. 5.

[8] Cesar San Martin Castro – En Estudios de Derecho Procesal Penal – Edición 2012 – Pág. 128. Donde señala además “En la sentencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina dictada en el caso Ponzetti v. Editorial Atlantida (306: 1892), que señalo que la protección en comento tiene un carácter relativo y solo por ley – así el artículo de 11°.2 y 30° CADH – podrá justificarse la intromisión en este ámbito, siempre que medie un iteres superior en resguardo de la libertad de otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. 

[9] Vicente Jimeno Sendra y Antonio Torres Del Moral – En Los Derechos fundamentales y su Protección Jurisdiccional – 1era Edición 2007 – Madrid – Pág. 131.

[10] José Cerezo Mir – En “Obras Completas” Tomo II – ARA Editores – Lima. Perú 2006 – Pág. 851.

[11] Vicente Jimeno Sendra y Antonio Torres Del Moral – En Los Derechos fundamentales y su Protección Jurisdiccional – 1era Edición 2007 – Madrid – Pág. 132.

[12] Blog de Orlando Becerra Suarez – En la Página – http://blog.pucp.edu.pe/item/153242/el-principio-de-proporcionalidad.

[13] Miguel Carbonell – En “El Principio de Proporcionalidad y su Interpretación Constitucional” Quito, Ecuador, 2008 1ra. edición: diciembre 2008 Pág. 16.




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Publicado: 30 de Mayo del 2013 Enviar a un Amigo Comentarios (0)

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