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EL CONTROL DE LA ACUSACIÓN.
 
 


LUIS LAMAS PUCCIO

Abogado

Asesor internacional en materia de criminalidad económica y legitimación de capitales.

Integrante del Grupo de expertos de la OEA en materia de prevención y lavado de dinero.

Ex vicedecano del CAL

19 de enero (Jurídica).- Se trata del Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009, que en su parte resolutiva "establece los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal y que deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales en lo que respecta al control de la acusación fiscal, en consideración a la complejidad y particulares características que en los últimos años ha adquirido el tema abordado, y que ha a través de la jurisprudencia desarrollada en los últimos años, en algunos casos ha rebasado las interpretaciones que se ha llevado a cabo por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes, y en otros suscitado encontradas controversias entre los diferentes actores del proceso penal, en particular por la disparidad de los criterios invocados y la carencia de los fundamentos adecuados para su aplicación, razones por las cuales las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de la República cumpliendo con los procedimientos correspondientes han decretado el carácter de precedente vinculante que tiene este acuerdo, en concordancia con la labor unificadora que en materia jurisprudencial tiene la Corte Suprema".

FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS
Como lo señala el mismo acuerdo plenario en su parte considerativa, "la acusación fiscal es un acto de postulación que corresponde al Ministerio Público que promueve en régimen de monopolio los delitos de persecución pública". Cuando el Ministerio Público lo estima conveniente, y puede proporcionar los fundamentos jurídicos necesarios para el enjuiciamiento de una persona procesada, está facultado por ley y conforme con sus atribuciones procesales y orgánicas, para proponer de manera formal una acusación fiscal ante el órgano jurisdiccional correspondiente para que una persona sea objeto de juicio.

La acusación fiscal constituye, por tanto, el núcleo fundamental de todo el proceso penal, pues su efectiva concreción y fundamentos condiciona la realización de la justicia penal. Es decir, si no hay acusación fiscal de por medio, no hay derecho para pasar la causa a juzgamiento; por consiguiente, no se puede imponer una pena al presunto infractor de la norma jurídico-penal. En efecto, la acusación fiscal es el aspecto medular del principio acusatorio y permite distinguir con nitidez las funciones del fiscal con las del órgano judicial, lo cual hace posible garantizar la imparcialidad del procedimiento penal, factor esencial en un sistema procesal que pretende ser democrático y garantista.

Es el acto más trascendental de la etapa preparatoria que faculta la continuación del proceso a través de sus cauces normales, en consideración a que se supone que el Ministerio Público cumplió con las finalidades de la investigación, pues una vez que hizo constar los hechos y circunstancias que sirvieran de base para fundar la inculpación del imputado, estimó que la investigación ha proporcionado fundamentos serios como para solicitar el enjuiciamiento de una persona procesada.

La acusación del fiscal es lo único que da paso a la fase intermedia, conforme con el nuevo Código Procesal Penal. Esta fase tiene por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado.

CONTROL DE LA ACUSACIÓN EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
A los efectos de garantizar un correcto enjuiciamiento y que la persona procesada pueda defenderse de los cargos que se le imputan, una acusación fiscal debe cumplir con determinados requisitos que son los que le dan validez plena. Como lo señala el mismo acuerdo plenario, la acusación fiscal debe cumplir determinados requisitos que son los que condicionan su validez y cuyo control corresponde al órgano jurisdiccional.

"La acusación fiscal debe expresar, por un lado, la legitimación activa del fiscal como tal –cuya intervención solo es posible en los delitos de persecución pública y la legitimación pasiva del acusado, quien desde el derecho penal debe tratarse no solo de una persona física viva, sino que ha debido ser comprendido como imputado en la etapa de la instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar debidamente individualizado.

Desde una perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica, y la petitum o petición de una concreta sanción penal".

El acto postulatorio, a través del cual el Ministerio Público aspira una pretensión material con relevancia jurídica, en el presente caso formalizada ante un órgano jurisdiccional competente, dirigido contra un tercero que es el emplazado, y en la que se precisa una pretensión punitiva y resarcitiva, fundamentada y destinada a obtener un pronunciamiento (fallo condenatorio), se encuentra sujeta a un control jurisdiccional imprescindible para evitar futuras nulidades. "El marco del control, sin embargo, solo debe incidir en aquellos aspectos circunscriptos a los juicios de admisibilidad y procedencia, sin que sea dable realizar análisis probatorio alguno ni emitir pronunciamiento sobre fondo, salvo expresa autorización legal y en la medida de que no genere indefensión material en perjuicio del acusador".

En ese sentido, el Art. 225 del Código de Procedimientos Penales establece las condiciones formales que necesariamente debe contener toda acusación fiscal, entre las que cabe destacar la individualización concreta de los acusados, la relación clara y sucinta de hechos jurídicamente relevantes, las acciones u omisiones punibles, las circunstancias en que se produjeron los hechos que determinan una responsabilidad, los artículos pertinentes del Código Penal, el monto de la indemnización civil y los conceptos relativos a la forma como se llevó a cabo la instrucción.

Todo ello implica que el órgano jurisdiccional, como lo establece el respectivo pleno, deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mencionado artículo 225°, en razón a que: (i) el incumplimiento o imprecisión del petitorio, (ii) la insuficiencia de los hechos relatados; (iii) la tipificación indefinida, (iv) la carencia de circunstancia en materia de responsabilidad; (v) y la ausencia de individualización fáctica y jurídica de los hechos. Comporta una ineludible exigencia, cual es que la acusación fiscal debe ser cierta, no implícita, sino clara, precisa y expresa. Es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan, en razón a que la ausencia de un razonamiento mínimo de efectiva subsunción de los hechos en el tipo penal propuesto deviene necesariamente en una acusación arbitraria, que es a todas luces incluso inconstitucional.

Una acusación fiscal con esta clase de omisiones viola el principio de interdicción de la arbitrariedad en los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Por lo tanto, se vulnera el contenido esencial del derecho a la tutela procesal efectiva del beneficiario, concretamente del principio de legalidad material.

Nuevo Código Procesal Penal
Conforme con el nuevo Código Procesal Penal, el control de la acusación fiscal se realiza en la denominada etapa intermedia y corresponde al juez de la misma investigación preparatoria llevar a cabo el control de la legalidad de la acusación fiscal, para cuyos fines es necesario correr traslado a las partes antes de resolver.

Una vez que el Ministerio Público cumple con las finalidades de la investigación, hace constatar los hechos y circunstancias que sirven de base para fundar la inculpación del imputado, y estima que la investigación proporcionó fundamentos serios para solicitar el enjuiciamiento del mismo, el juez convoca a las partes a la audiencia oral pero no pública, que no es otra que la llamada audiencia preliminar, que constituye la fase intermedia o control de la acusación, la cual tiene por finalidad definir el objeto del proceso y establecer los límites de la acusación, en la que las partes dispondrán de los mismos derechos, oportunidades y cargas para la defensa de sus intereses, que le permitan idénticas posibilidades procesales, poniéndose así de manifiesto el principio de defensa e igualdad entre las partes.

El Art. 350 del Código Procesal Penal, en su inciso primero, establece que todos los sujetos procesales podrán observar la acusación fiscal por defectos formales, correspondiendo al juez de la investigación preparatoria la verificación y revisión del cumplimiento de los requisitos legales que competen a la acusación fiscal como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de que en caso se acogieran por ausencia o defecto de cualquiera de los requisitos exigidos en el citado artículo conforme a su inciso segundo se procederá a devolver la acusación al mismo fiscal, siempre que se requiera de un nuevo dictamen.

Control formal y sustancial
El control formal está referido a lo establecido en el inciso segundo del Art. 352 del nuevo Código Procesal Penal, y es  previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación fiscal. En él se precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de lo establecido en el inciso primero del Art. 349 del Código Procesal Penal, lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse la audiencia. Conforme lo establece el pleno en la parte correspondiente, "la decisión de formular observaciones a la acusación fiscal es una causal de suspensión de la audiencia, que será el caso de instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis por parte del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones".

Mientras que el control sustancial está relacionado con la concurrencia de cinco elementos que son necesarios para la viabilidad de la acusación fiscal: elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados con la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes, que están referidos al hecho de que una vez dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, de conformidad con el numeral primero del artículo 343° del código en mención, el fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de la causa.

FACULTADES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
De no ser así, el órgano jurisdiccional pertinente está facultado a devolver al fiscal acusador su respectiva acusación, con la finalidad de que proceda a subsanar las observaciones señaladas. Sumado al hecho de que el control jurisdiccional, como corresponde, debe realizarse sin mengua del principio de contradicción y de la garantía de la tutela jurisdiccional. Como lo señala el mismo pleno: "Se trata de los presupuestos procesales, referidos al órgano jurisdiccional –la jurisdicción y competencia penales– y a las causas –excepciones procesales–. Desde luego, el órgano jurisdiccional puede instar de oficio el trámite para su decisión, pero antes debe conceder a las partes la oportunidad para que se pronuncien al respecto, en consideración a que resolver de oficio no significa hacerlo sorpresivamente, sino propiciar judicialmente su ulterior decisión."


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Publicado: 19 de Enero del 2010 Enviar a un Amigo Comentarios (1)

Comentarios
 
Alex Cárdenas. (8 de Febrero del 2013 12:33 pm)
Con el Nuevo CPP, en la etapa intermedia donde se va a llevar a cabo la audiencia de control de acusacion, debe ser notorio cuando el fiscal no ha realizado una buena investigacion para imputar hechos a una persona (procesada.


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