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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, INDUBIO PRO REO Y HÁBEAS CORPUS.
 
 


Ricardo Antonio, Vereau Montenegro

Abogado de la PUCP

27 de abril (Jurídica del Peruano).- En los últimos años, la evolución doctrinal y la legislación positiva en el tema progresivamente han ido otorgando cabida en la jurisdicción penal a procesos constitucionales, dejando atrás una época en la que prácticamente la sola intervención válida de un juez penal impedía o neutralizaba toda acción en vía constitucional.

CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
La disposición general sobre el tema se puede encontrar en el Código Procesal Constitucional, que en su artículo 4°, declara la procedencia tanto del habeas corpus como del amparo respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con agravio a la tutela procesal efectiva, comprendiendo en ello el acceso libre a la justicia y el debido proceso, y que para el caso específico del hábeas corpus, afecten la libertad individual. En este contexto, se ha hecho frecuente en nuestro medio el impugnar sentencias condenatorias expedidas por jueces o tribunales penales por la vía de este último proceso constitucional, alegándose violación al derecho a la presunción de inocencia o el indubio pro reo del sentenciado.

Sin dejar de reconocer la legítima facultad que acude a todo defensor para recurrir a todo mecanismo a su alcance para defender los intereses de su patrocinado, entendemos que esa facultad debe ejercerse conforme a los cauces que ya han sido desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina en la materia, y que de modo general, propenden a una delimitación del ámbito de protección constitucional; de modo tal que la impugnación vía proceso constitucional de una resolución judicial no se convierta en una suerte de “instancia adicional” en la que se pretenda una revisión o reevaluación de la decisión ya adoptada. Para este fin es preciso tener en claro los conceptos referidos a la presunción de inocencia y el indubio pro reo, a fin de establecer sus verdaderos alcances.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Ella está plasmada en el artículo 2, inciso 24, párrafo e, de nuestra Constitución vigente, que declara el consabido precepto según el cual toda persona es considerada inocente .mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad.

Es importante subrayar que es una presunción iuris tantum que implica el derecho del procesado de ser considerado inocente mientras no exista material probatorio suficiente; o, dicho de otro modo, constituye una presunción que “…se mantiene “viva” en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como corolario del cauce investigatorio llevado cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla”. (STC No. 2915-2004 PHC/TC, f.j. 11).

INDUBIO PRO REO
Ahora bien, si con toda esta actividad no se logra generar la certeza necesaria para considerar responsable al procesado, allí entrará a tallar el conocido principio indubio pro reo, aplicable por existir una duda razonable y también razonada sobre la concurrencia de alguno de los elementos típicos del delito o la responsabilidad del procesado.

Su “momento” como apreciamos, llega cuando ya se han obtenido, practicado y valorado las pruebas dentro de los procedimientos legales, y pese a ello, el juzgador no se encuentra convencido. Debe destacarse que el ámbito de esta duda a favor del reo a nivel constitucional es distinto, estando así previsto como uno de los principios de la función jurisdiccional en el artículo 139, inciso 11, que ordena la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o conflicto de leyes penales.

IMPROCEDENTE IMPUGNACIÓN
Como puede apreciarse, no pueden ser alegados indistintamente ambos principios en caso de querer impugnar constitucionalmente una sentencia judicial desfavorable.

Las decisiones judiciales en materia penal deben sustentarse en las convicciones o certezas generadas en el juzgador tras la valoración de los medios de prueba producidos en el proceso, que efectuará de acuerdo con las reglas que dicten tanto la lógica como la ciencia y la experiencia.

Entonces, si pretendiéramos cuestionar la sentencia en el nivel de estas valoraciones, finalmente, a lo que se apuntaría es a una reevaluación de la decisión, y ello no correspondería a la jurisdicción constitucional, la misma que debe “…verificar solamente si existió o no en el proceso penal actividad probatoria mínima que desvirtúe ese estado de inocencia (valoración objetiva de los medios de prueba)..“, no correspondiéndole examinar si está más justificada la duda que la certeza sobre la base de las pruebas practicadas en el proceso, “… pues ello supondría que el juez constitucional ingrese en la zona (dimensión fáctica) donde el juez ordinario no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas.” (STC. No.0728-2008 PHC/TC, f.j. 38).

INCONGRUENCIA
Así, no es adecuado impugnar constitucionalmente una sentencia alegando vulneración al indubio pro reo o a la presunción de inocencia en base a objeciones a la importancia o al significado que el juzgador penal ha otorgado a las pruebas procesadas para expedir el fallo. Debe, en todo caso, alegarse afectación a la presunción de inocencia por no haberse respetado en la actividad probatoria alguna de las garantías del debido proceso. De tal manera, se estará invocando correctamente la protección constitucional correspondiente, y la jurisdicción constitucional podrá dirimir si efectivamente existieron afectaciones a los derechos individuales en sede judicial.


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Publicado: 27 de Abril del 2010 Enviar a un Amigo Comentarios (0)

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