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LA TUTELA DE DERECHOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.
 
Xavier Castillo Espezúa - Abogado. Asistente en función fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de El Collao-Ilave. Ministerio Público del Distrito Judicial de Puno.
 

19 de Abril (Suplemento Jurídica).- La “tutela de derechos” o “cautela de garantías” es una institución del Derecho procesal penal que está en nuestro corpus iuris punitivo adjetivo de 2004. Es una institución novedosa que contempla la legislación chilena con esta denominación. Y, sin duda, es novedosa para quienes aún no están en sintonía con las nuevas reglas procesales que establece el CPP-2004, es decir, para aquellos hombres de derecho de los distritos judiciales donde aún no se encuentra en vigor este cuerpo normativo.

Al respecto, podemos señalar que la primera audiencia que se celebró bajo la luminaria del nuevo sistema procesal penal en el distrito judicial de Puno versó precisamente sobre un pedido de “tutela de derechos”, formulado por la defensa jurídica de un imputado que cuestionó las actuaciones del Ministerio Público (MP).

Dicho de otro modo, se inició esta nueva realidad procesal con el empleo de este novísimo mecanismo de defensa.

DERECHOS DEL IMPUTADO
El artículo 71 del CPP-2004 establece el catálogo de derechos que tiene el imputado desde el inicio de las investigaciones, derechos entre los cuales se encuentran, entre otros, el de conocer los cargos que se formulan en su contra y el de contar con un abogado defensor, además del no menos importante derecho de abstenerse de declarar, así como el derecho de que no se empleen en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad.

Obviamente, los derechos mencionados no son los únicos tutelados por este mecanismo, pues su aplicación se amplifica incluso para hacer efectivo aquéllos derechos de matiz constitucional. De ahí que la tutela de derechos se presenta en la práctica como un mecanismo más célere que un proceso constitucional de hábeas corpus. Este último empleado en los distritos judiciales donde aún no rige la nueva normatividad procesal penal, en casos en que resulta aplicable, dada la naturaleza de la infracción.

OBJETO Y TRÁMITE DE LA TUTELA DE DERECHOS.
Es en dicho contexto que nuestra renovada legislación procesal penal establece el mecanismo de la “tutela de derechos”, la misma que puede hacerse efectiva, ya sea durante las investigaciones preliminares o cuando se hubiere formalizado la investigación preparatoria, esto es, mediante la presentación de un escrito por ante el juez de Garantías –o empleando palabras del CPP-2004, ante el juez de Investigación preparatoria –, el mismo que, como es natural, ha de observar si efectivamente se ha dado o no cumplimiento a los derechos fundamentales y procesales del imputado. En otras palabras, que no se hayan violado sus garantías o derechos procesales.

Esto es, que no haya sido objeto de medidas limitativas de defensa o de requerimientos ilegales formulados en su contra. Este juez de Garantías o de la Investigación preparatoria puede disponer que se subsanen las omisiones incurridas o se dicten las medidas de corrección o de protección que al caso correspondan, no sin antes realizar una verificación de los hechos y, como es connatural al espíritu del nuevo código, realizar una audiencia con intervención de las partes. Los motivos en que procede la tutela de derechos es bastante diversificada, como basta es la gama de derechos que la Constitución y el nuevo código reconocen al imputado.

CASO PRÁCTICO
Se procederá a instar a la tutela de derechos cuando –por ejemplo – el imputado es obligado a ser asistido por un abogado defensor de oficio, sin que se le brinde la posibilidad de contactarse con un abogado de su elección, vulnerándose, por tanto, el artículo 139.14 de la Constitución –derecho/principio a no ser privado de defensa en ningún estado del proceso –, así como el artículo 71.1 del CPP-2004.

Frente a dicha manifiesta violación, cabe la posibilidad de que aquél, invocando haberse transgredido su derecho de contar con abogado de su libre elección, solicite al juez de Garantías que la Fiscalía corrija dicha anómala situación, dando, como es evidente, respuesta inmediata a cuestiones que atañen, como en el presente caso, a uno de los pilares del sistema acusatorio, el derecho de defensa.

CONSIDERACIÓN FINAL
La institución de la “tutela de derechos”, como mecanismo de protección de los derechos del imputado, viene siendo utilizada con frecuencia por los defensores públicos y abogados de los imputados, sobre todo por los primeros, dinámico empleo de esta institución que no hace sino poner en evidencia las virtudes que trae consigo la instauración de este nuevo modelo procesal penal, de parcial vigencia en el distrito judicial de Lima (solo aplicable para los delitos cometidos por funcionarios públicos), constituyéndose como es indudable en una muestra de adelanto en la administración de justicia penal.

FUENTE: Suplemento Jurídica del Diario El Peruano N° 351 pág. 2, 2011.


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Publicado: 19 de Abril del 2011 Enviar a un Amigo Comentarios (0)

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