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LA PRUEBA DE OFICIO.
 
José Antonio Martín Rosales Echegaray - Abogado, Conciliador Extrajudicial por el Ministerio de Justicia.
 

18 de abril (Alerta Informativa).- La discusión acerca de la actuación probatoria de oficio ha generado en el Perú un creciente debate jurídico, cuyo más importante campo de batalla está siendo librado al interior de la jurisprudencia.

Esta investigación pretende defender desde una perspectiva dogmática las razones por las cuales en nuestro país resulta de vital importancia la asunción de criterios razonables de aportación de prueba por parte del juez; con tal finalidad en un primer momento se estudia los principios procesales inquisitivo y dispositivo (o sistema publicístico y privatístico) y las implicancias del fenómeno de “publicización del proceso” en el sistema adoptado por el Código Procesal Civil Peruano.

A continuación se aborda el asunto de las Pruebas de Oficio y los límites propuestos para su actuación por parte del juzgador, y a su vez se indaga las relaciones de la prueba de oficio con temas conexos como el derecho a un juez imparcial, la justicia y la verdad; para culminar con las interpretaciones jurisprudenciales que ha merecido esta facultad oficiosa en medio del panorama peruano.

La propuesta puede considerarse como un trabajo preliminar, sin embargo las preocupaciones que lo motivan son producto de la experiencia y de la álgida necesidad teórica de encontrar lineamientos razonables que orienten la actividad probatoria de oficio.

IDEAS GENERALES SOBRE LA PRUEBA DE OFICIO
Antes de incoar este respecto, debemos previamente como exigencia estructural de desarrollo, alcanzar algunas ideas respecto a la prueba. Así tenemos que la prueba consiste en aquella actividad que tiende a la acreditación de circunstancias, hechos, realidades, con el objeto de demostrar la verdad, su existencia o contenido; y que permiten adoptar una decisión legal por parte del ente juzgador.

Definamos ahora que se entiende por prueba de oficio, y para lo cual, señalaremos que como tal, las pruebas de oficio son aquellas actuaciones realizadas por parte del Juez, quien al encontrarse ante un acopio de pruebas deficiente, y advertir además que resulta necesario incorporar otros medios de prueba no ofrecidos por las partes, -pero que resultan fundamentales para la resolución de un caso-, ordena su incorporación y actuación en el proceso. Hasta aquí, se ha esbozado algunas ideas entorno a la prueba en general y a la prueba de oficio, en particular, con lo cual, el tema de la prueba de oficio, no debe entenderse como la implicancia en la búsqueda de la verdad a cualquier medio, dado a que el sistema adversarial es el medio adoptado, y el rol del Juez de dicho sistema es mantener el balance entre las partes en contienda, sin tomar él mismo parte en su disputa.

La prueba de oficio, interviene en el proceso como una especie de agente coadyuvante, para que el Juez, en aras de la obtención de la verdad, pueda ordenar su actuación, y tras ello, clarificar la decisión a adoptar.

La disposición de actuaciones de oficio, debe ser viable, o en término de la lex, ser posible, significando que tras un examen acucioso y concienzudo por parte del juzgador, éste deberá concluir acerca de su posibilidad, y más aún que con dicha actuación se generen elementos de convicción que le permitan un mejor resolver, imponiéndose como requisito que éstos, sean indispensables y manifiestamente útiles para el esclarecimiento de la verdad.

Es así que el Juez cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes, ya que dicho supuesto debe enfocarse a que el Juez no debe desarrollar actuaciones, que cuantitativamente, pudieran dar la impresión de que se sustituye a cualquiera de las partes (cantidad de medios de prueba) o que sicológicamente este subjetivizado1, debiendo interpretarse este extremo, con una recta epiqueya y adecuada sindéresis por parte del juzgador.

De lo descrito hasta aquí, se advierte que a nivel de la doctrina procesal, no existe comulgación de opiniones, respecto a la actuación de pruebas de oficio por parte del Juez, siendo que nuestra república del Perú, tampoco es ajena ni se muestra impávida a tales embates dogmáticos y controversias académicas, resultando necesario por ello, esbozar una suerte de sinopsis de los diferentes argumentos esgrimidos tanto a favor como en contra, respecto a la actuación de pruebas ex officio.

LOS PRINCIPIOS PROCESALES EN MATERIA DE PRUEBA

3.1. EL PRINCIPIO INQUISITIVO
En opinión de Hernando DEVIS ECHANDÍA el Principio Inquisitivo otorga al juez facultades amplias en cuanto a la dirección del proceso y la realización de la actividad probatoria como:

a) La función de investigar la verdad por todos los medios legales a su alcance.
b) La facultad para iniciar de oficio el proceso.
c) La dirección con iniciativas personales, siendo que estas características estuvieron presentes históricamente en todo tipo de procesos, incluyendo por supuesto en el proceso civil.

De la misma manera, aunque con distinto tono, Beatriz QUINTERO y Eugenio PRIETO reconoce que el sistema procesal inquisitivo permite al juez ¨promover de oficio el proceso, le corresponde el impulso procesal subsiguiente y le confiere amplias facultades de investigación y dirección¨5. Sin embargo la existencia de un proceso inquisitivo puro funciona mejor en tanto modelo teórico que como un sistema realmente existente, ya que en contraparte a este sistema se ha desarrollado el principio dispositivo que pregona el protagonismo de las partes procesales.

En este sentido el principio inquisitivo en lo que atañe a materia de prueba implica que el juzgador resulta el directo encargado de la actividad probatoria, para lo cual goza de todas las atribuciones necesarias de disponer la actuación de medios probatorios con el fin de alcanzar la plena convicción del juzgador. Esta situación ha dado lugar a profundas críticas desde otro sector de la doctrina que considera que el sistema inquisitivo tiene como figura central al propio Estado y revela por sí solo un carácter “totalitario”.

Particularmente consideramos que las objeciones al sistema inquisitivo son sobretodo de índole ideológico y corresponden en cierta medida a una forma de concebir el proceso dentro de un modelo de sociedad determinada.

3.2. EL PRINCIPIO DISPOSITIVO
El Principio Dispositivo se fundamenta en la naturaleza privada del derecho subjetivo deducido en el proceso y su titularidad particular, en la autonomía de la voluntad y en el derecho a la libertad7; lo que demuestra efectivamente el sustento jurídico ideológico de los defensores del sistema dispositivo y que ha motivado su aplicación en el proceso civil bajo el argumento del derecho irrestricto de las partes.

Juan MONTERO AROCA ha descrito con mucha precisión los elementos que caracterizan al Principio Dispositivo y que son:

a) La actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante petición de parte.
b) La determinación concreta del interés es facultad exclusiva de las partes.
c)  Los órganos jurisdiccionales deben ser congruentes con la pretensión y la resistencia formuladas.
d)  Las partes libremente pueden poner fin a la actividad jurisdiccional8. Según este sistema, las partes tienen en su poder la iniciativa del proceso y su correspondiente actividad probatoria, por lo que al juez solamente le está reservado el juzgamiento, y dentro de la controversia delimitada por las partes.

Sin embargo dentro del mismo sistema inquisitivo la doctrina ha diferenciado entre el principio dispositivo estricto y el principio de aportación de parte, consistiendo el primero en la disponibilidad de las partes sobre el interés privado y la decisión de acudir al órgano jurisdiccional, en tanto el Principio de Aportación de Parte puede dividirse en dos elementos: la aportación de los hechos y la aportación de la prueba9. En primer lugar la aportación de los hechos comprende la determinación del objeto del proceso, del objeto de debate y el tema de prueba, siendo que el objeto del proceso implica la individualización de la pretensión en lo referente a las partes del proceso (elemento subjetivo), el bien concreto que se pide, la clase de tutela jurisdiccional solicitada y los hechos que sirven de supuesto a la norma jurídica (elemento subjetivo); mientras que el objeto de debate son aquellos hechos aportados por el demandado al sustentar su resistencia, y por último el tema de prueba que abarca los hechos afirmados por ambas partes y los hechos controvertidos. En segundo lugar la aportación de la prueba significa que la iniciativa de la apertura a prueba del proceso corresponde a las partes y que los únicos medios probatorios a actuarse serán los propuestos por las partes.

Esta distinción es de sustancial importancia, por cuanto de la delimitación de la estructura del principio de aportación de parte, depende a su vez la demarcación de la actuación probatoria de oficio, ya que el entrecruzamiento de ambos principios proporciona la base de los sistemas mixtos actuales.

(…)

Para leer el texto completo, ingresar a la siguiente dirección:
http://www.lozavalos.com.pe/alertainformativa/index.php?mod=documento&com=documento&id=2786


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Publicado: 18 de Abril del 2012 Enviar a un Amigo Comentarios (0)

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