La bola de cristal de la inseguridad ciudadana.

La economía de nuestro país ha sido catalogada como una de las que mantiene un crecimiento estable dentro de la región. Somos un país que busca fortalecer la democracia, disminuir la pobreza y superar los niveles de analfabetismo, estableciendo políticas de inclusión social. No obstante, tenemos un punto débil: la inseguridad ciudadana en aumento que ha merecido nuestro reclamo constante ante las pocas o nulas medidas de solución.

No necesitamos tener una bola de cristal ni poseer poderes extraordinarios para entender que nuestra ciudad está cubierta de una inseguridad cada vez más latente. Para ello basta con analizar nuestro propio caso o el de nuestro entorno más cercano y encontraremos a alguna víctima de delito o violencia, o revisar las noticias que muestran escenas delictivas constantes. Es por ello que llama la atención que nuestras autoridades procuren minimizar el tema considerando que se trata de un problema de percepción (ex ministro del interior) o de histeria (ex primer ministro), o que el primer mandatario exponga “No sé si será el mayor problema del Perú. No tengo ni una bola de cristal y obviamente las encuestas son encuestas. Pero sí creo que es un problema importante que lo tiene el peruano que vive día a día”.

En todos estos casos, se pretende cubrir un real y gran problema que nos amenaza día a día. Según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013 – 2014, “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en nuestro país la percepción de inseguridad es de 50% y el deterioro de la misma alcanza el 45.6%, mientras que el de victimización directa es del 28.1%. Asimismo, se da cuenta que un 16.3% ha sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia.

Pero no solo las encuestas evidencian la delincuencia y violencia, también las experiencias negativas que nos ha tocado vivir de manera directa (siendo víctimas de un delito) o indirecta (si hemos sido testigos o escuchado de un acto delictivo o violento, sea de una persona cerca o a través de los medios de comunicación); esto último influye en la percepción de inseguridad ciudadana que nos hace vulnerables ante la amenaza de peligro. Estas dos dimensiones de la seguridad ciudadana son pues evidentes, la objetiva manifestada en los actos delictivos y violentos propiamente, así como su dimensión subjetiva expresada en la percepción de peligro latente.

La seguridad ciudadana consiste en la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna. En esa línea el PNUD establece que la seguridad ciudadana constituye un bien público, es decir, un bien al que todas las personas deben tener acceso sin distinción de clase social, preferencia política, raza, etnia, género o identidad sexual. El Estado es el principal encargado de proveer seguridad ciudadana, en tanto que ésta constituye un bien público al que todas las personas tienen derecho. Asimismo, se subraya que, aunque muchos otros actores intervienen en la provisión de seguridad, el Estado es el único que tiene el mandato de asegurarse de que esta provisión no sirva a intereses privados limitados ni proteja a unos pocos, sino a todos los ciudadanos y de acuerdo con el “interés común”. (Informe Regional Desarrollo Humano PNUD 2013-2014, pp. 23 y 27).

Si bien el Estado es el encargo de proveer de las soluciones adecuadas para enfrentar eficaz y efectivamente la delincuencia y violencia, adoptando las medidas necesarias a favor de la sociedad en general, por igual; la solución que se ha encontrado a este problema se ha orientado generalmente a la implementación de políticas públicas de mano dura y represión penal, que según la experiencia de otros países no ha dado el resultado esperado. Se ha dejado de lado la adopción de mecanismos de prevención o de adopción de medidas de consolidación y fortalecimiento del ámbito familiar, escolar, laboral y social en sí, que debilitadas pueden convertirse en escenarios propicios para fomentar la delincuencia y la violencia. Lamentablemente la seguridad ciudadana es un tema que suele merecer atención solo en campañas electorales, como parte del gran cúmulo de promesas.

Es por ello que no basta con adquirir nuevos patrulleros, con colocar más cámaras de seguridad en las calles, con aumentar el número de policías o serenazgos o con endurecer las penas, crear nuevos tipos penales o restringir los beneficios penitenciarios, et. Sin duda todas estas medidas son adecuadas y coadyuvan en la lucha contra la delincuencia, pero no son suficientes. Se requiere que el tema de la seguridad ciudadana sea verdaderamente considerado como un tema central de política de Estado que convoque a los representantes no solo de las instituciones públicas sino también de la sociedad civil, del empresariado y de los organismos políticos; de ahí que la iniciativa de convocar a los representantes de los partidos políticos resultase adecuada y necesaria.

Siendo un tema de preocupación pública, la seguridad ciudadana representa un problema que requiere de un enfoque multidisciplinario, de implementación multisectorial, cuyas propuestas de enfrentamiento son variadas, pues requieren diseñarse e implementarse en distintos ámbitos, como por ejemplo: la implementación de políticas públicas adecuadas; el apoyo de una inversión pública sostenible que permita enfrentar adecuadamente la delincuencia; el estudio y diagnóstico de los focos de delincuencia y violencia; el establecimiento de programas de prevención; el diseño e implementación de reformas legales adecuadas y necesarias; la consolidación de un sistema de justicia que merezca la confianza de la ciudadanía; el fortalecimiento del sistema penitenciario; el establecimiento un sistema de información de medición de los índices delictivos integrada (entre las distintas entidades involucradas: Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, etc.) y que sea accesible a la sociedad; la implementación de programas de protección a las víctimas, etc.

El nivel de inseguridad ciudadana tiene impacto en el desarrollo humano y con ello en el del país. Si vivimos constantemente amenazados de que nos pueda suceder algo o a nuestras familias, o más aún si esta amenaza se convierte en un perjuicio efectivo en la vida, la salud, integridad o patrimonio, entonces nuestra capacidad de desarrollo se limita o extingue, según sea el caso. Según el Informe del PNUD al que antes nos hemos referido en nuestro país existe un 34.4% de personas que han limitado sus lugares de compra o de recreación (24.7%) debido a la inseguridad.

Esto también se refleja en el aumento de medidas de seguridad adoptadas personal o grupalmente. Cada día vemos más trancas en las calles, más vigilantes privados, cámaras de seguridad privada y pública, e incluso la toma de “justicia por propia mano”.

Si bien no tenemos los índices de inseguridad y violencia más altos de la región, las muestras que existen deben servir para asumir los correctivos necesarios. No esperemos a que la percepción e histeria política rompan la bola de cristal y nos impida ver la solución a tiempo.

El tema de la seguridad ciudadana es aún una tarea pendiente que si bien a cargo del gobierno, requiere del apoyo de todos. Siendo una de las principales preocupaciones, no debe ser entendida como tarea exclusiva del Estado que si bien es el encargado de diseñar, implementar y ejecutar las soluciones adecuadas, pues, nada impide que podamos analizar el problema, desde académicos hasta empresarios.