Politización de la justicia y judicialización de la política.
En junio de este año, el presidente del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza, afirmó “hoy que si bien la política peruana se ha judicializado con investigaciones contra funcionarios y ex autoridades, el Poder Judicial no se ha politizado”. Por lo que aseguró que existe neutralidad en las instancias jurisdiccionales.
Pero, ¿cuándo hablamos de politización de la justicia y judicialización de la política?. Antes de abordar el tema primero debemos saber qué entendemos por política y justicia. Política es la actividad a través de la cual los grupos humanos adoptan decisiones colectivas. Mientras que justicia es la actividad del Poder Judicial.
El profesor Roberto L. Blanco Valdés[1] señala que: "la politización de la justicia tiene relación esencialmente con las injerencias del poder ejecutivo y del poder legislativo en esferas materiales que deberían estar reservadas al poder judicial en exclusiva". Es decir, la existencia de "invasión de poderes". No es el hecho de que el juez tenga una ideología política y que aplique esta ideología al interpretar la ley; es decir, no se refiere directamente al comportamiento del juez.
En esa línea, la politización de la justicia, refleja una “invasión de poderes”, existiendo presión mediática y política sobre las entidades judiciales con el fin de “condicionar, cuestionar o influir” en la decisión o en el tiempo de emisión de una sentencia.
Por otro lado, se conoce como la judicialización de la política, a temas susceptibles de generar escándalo como: conductas impropias y denuncias de corrupción (en el ámbito político), que se judicializan y son resueltas en sede juridicial conforme a derecho.
La judicialización de la política se da fundamentalmente en dos ámbitos: a) El campo del control de constitucionalidad de las leyes. Como es el caso de "control difuso". b) El control de la acción política y la persecución de la corrupción.
En este último, control de la acción política y la persecución de la corrupción, el Parlamento investiga a través de Comisiones Investigadoras y la justicia constitucional tutela los derechos fundamentales. Por otra parte, al debido proceso judicial con el debido proceso parlamentario.
Finalmente, podemos decir que politización de la justicia y judicialización de la política son dos fenómenos de naturaleza diferente pero que nacen de un mismo problema. Ese problema es la confusión sobre el ámbito material de competencia del poder político por un lado y del poder judicial por el otro.
